¿Y, si se apellidara Martínez, no Saavedra?

¡Buenos días!

En Guatemala, los conflictos de interés o, cuando menos, los intereses particulares, no están regulados como limitantes para participar en la gran mayoría de procesos de elección o designación; vienen siendo, más bien, normas morales, que legales.

La prestación de servicios profesionales en entidades del Estado no es, por sí sola, prueba de parcialidad; que un cónyuge sea funcionario de gobierno, por sí solo, tampoco, como tampoco lo es que un hermano sea el abogado del Estado y se participe en un proceso de elección donde votan los abogados, muchos de ellos, empleados en el Estado. Nada de ello es, singularmente, motivo de impedimento legal o moral; pero, todo junto, debiese serlo. Ese es el caso del candidato a comisionado titular de la planilla 4 en el CANG, Gregorio Saavedra. El estrecho vínculo gubernamental es claro.

Si a ello se suma que financió (2022) la creación de un partido político (aún no autorizado) y que a quienes él escoja podrán ser magistrados del TSE —quienes podrían autorizarlo o no—, cuando menos, hace fruncir el ceño o levantar una ceja.  

Imaginémonos —o no, porque ya ha pasado— que el hermano y esposo de funcionarios, prestador de servicios profesionales en el Estado, no es de quien ahora se discute, sino, digamos, de apellido Martínez —ya saben, como el influyente compañero del expresidente Giammattei—; no solo levantaría cejas, sino que encendería todas las alarmas.

Porque, si lo que se busca estudiar o ponderar son conductas o situaciones, y no personas, el ejercicio es válido y pertinente, pues, hacia futuro, habría de juzgarse mismas circunstancias de la misma manera. Si no, se tiene una moral, cuando menos, distraída.

El presidente Bernardo Arévalo presentará su informe de gobierno, de la “segunda cosecha”, este miércoles en el Congreso. A dos años de que asumiera el poder, los resultados son mínimos. Las promesas realizadas, cuando era candidato por el partido Movimiento Semilla, quedaron en plan de gobierno. No se han materializado. 

• El plan de gobierno se integraba con 10 propuestas. Fueron llamadas semillas “para recuperar el futuro”. Estas buscaban promover una modernización y transformación económica del país. 

Por qué importa. La actual administración tiene rezagos críticos —entre otros— en los sectores de Seguridad, Salud e Infraestructura. Entre las 10 propuestas de gobierno, Semilla hizo énfasis en estas tres áreas; que eran sus prioridades, dijeron. A la mitad del mandato, las promesas parecen inalcanzables. 

• En infraestructura prometieron alcanzar 500 kilómetros nuevos de carretera; en 2024 “construyeron” (no hay certeza de que sean nuevos, sino solo mejorados) apenas 162 kilómetros. Los datos del año pasado aún no han sido publicados, pero la cantidad proyectada es nula. Es decir, ningún tramo nuevo.

• Todo queda en discurso, cuando el Gobierno de Arévalo se ha negado a cumplir lo dispuesto en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, para muestra.

• El mantenimiento y los nuevos [caminos rurales prometidos] sumaban 1500 kilómetros. El año pasado alcanzaron los 1000 según el Gobierno. Sin embargo, por el tipo de ruta, tienen poco tiempo de vida útil. Muchos, luego de la época lluviosa del 2025, ya no son transitables.

Visto y no visto. “Promover la justicia pronta y cumplida para toda la población” fue el eslogan que utilizó el gobierno a inicios de su gestión. Los resultados contrastan.  

• Arévalo prometió quitarle el control de las cárceles al crimen organizado. En 2025 se fugaron 20 reos de máxima peligrosidad de Fraijanes 2. Hasta el momento solo han capturado a seis; uno de ellos fue encontrado muerto. 

• La construcción de una megacárcel para penas graves fue otra promesa. Hasta octubre pasado se materializó la propuesta con una alianza que permitiría su construcción; el proceso lo “liderará” el Ejército.

• No obstante, no tiene avances físicos. Con la suspensión del presupuesto 2026, es más difícil que logre realizarse.

   

Sí, pero. La primera promoción de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de esta administración sumó 4292 elementos; la meta que propusieron era de 12 000 para los cuatro años de gestión.  

• La promoción de 2024, aunque Arévalo la toma como propia, no le corresponde. Los agentes iniciaron su formación en 2023, cuando aún era presidente Alejandro Giammattei. Es decir, apenas lleva una tercera parte de lo prometido.

• En salud, Semilla afirmó que construirían 400 centros de salud “con capacidad de resolución mejorada”. En lo que va del gobierno, solo se construyeron 31. Esto representa el 7.75 % de lo previsto. También se contempló la creación de 50 centros de atención permanente para poblaciones de más de 15 000 habitantes. Al cierre del año pasado solo se reportó la construcción de dos.

• Una red de farmacias públicas en todo el país era otra de las metas. La misma ya comenzó, pero las sedes que operan carecen de medicamento y, el que proveen, es genérico.

En conclusión. A dos años de gestión, el balance del gobierno de Arévalo evidencia una distancia marcada entre el discurso de campaña y los resultados. Las promesas de transformación quedaron atrapadas en planes y anuncios, mientras los avances reales no alcanzan la magnitud ni el ritmo comprometido ante la ciudadanía. 

• En infraestructura, seguridad y salud, ejes centrales del proyecto Semilla, los números muestran ejecuciones parciales, retrasos y metas incumplidas. Al parecer, están fuera de alcance con solo dos años restantes.

• La falta de avances sostenidos, sumada a promesas que se reformulan o se posponen, le ha bajado los niveles de credibilidad al gobierno que llegó con altas expectativas de cambio. 

Los diputados regresan al hemiciclo tras un prolongado receso parlamentario, período durante el cual recibieron pagos sustanciosos —correspondientes al salario de diciembre y al aguinaldo— que representaron ingresos superiores a los GTQ 100 000 para cada uno. El retorno al pleno se da en medio de cuestionamientos ciudadanos sobre la productividad legislativa y el uso de los recursos públicos, especialmente luego de varias semanas sin actividad.

Aunque fue convocada para hoy una sesión extraordinaria donde se conocerían temas relevantes, como la convocatoria a la comisión postuladora para la elección del titular del Ministerio Público y la juramentación de los integrantes de la comisión encargada de elaborar la nómina de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el período ordinario del Congreso iniciará formalmente el 14 de enero.

Será a partir de mañana cuando comience la actividad legislativa regular, con la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, presidida por Luis Contreras, quien, tras 22 años de ocupar una curul, asumirá por primera vez la presidencia del Legislativo.

Otro de los temas que concentrará la atención en las primeras semanas del período ordinario será la distribución de las comisiones de trabajo. Aunque la ley establece que su integración debe responder al número de diputados por bloque, las divisiones internas y los reacomodos políticos han generado dudas sobre quiénes controlarán comisiones estratégicas como Finanzas, Energía y Minas, Economía, Gobernación, Ambiente y Legislación, espacios clave para la agenda política y presupuestaria del país.

El inicio del período ordinario también pondrá a prueba la capacidad del Congreso para avanzar en una agenda cargada de pendientes. Entre los principales desafíos figuran la discusión de la ley contra el lavado de dinero y otros activos, así como la ley de ciberseguridad, iniciativas que han permanecido estancadas pese a su impacto en la seguridad jurídica, el sistema financiero y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Todo esto ocurre en un año preelectoral. De cara a 2027, los diputados deberán demostrar si aún son capaces de recuperar credibilidad y priorizar el interés público. La tarea no será sencilla, sobre todo cuando es evidente que una parte importante de los legisladores buscará la reelección, lo que podría desviar la atención del trabajo legislativo hacia una campaña disfrazada de fiscalización.

Esta semana es clave para las Comisiones de Postulación (CP) 2026: Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP). Además, para la elección de la Corte de Constitucionalidad (CC). Hasta el momento, hay varios actores que ya mueven sus piezas para lograr influir en los procesos: pretenden controlar las instituciones.

Tribunal Supremo Electoral 

El lunes pasado, las universidades privadas del país eligieron a sus representantes para la Comisión de Postulación del TSE. El evento se desarrolló en la Universidad Rafael Landívar (URL).

Mynor Augusto Herrera, rector de la Universidad Panamericana, fue electo titular, y Mynor Cordón, de la Universidad Regional, quedó como suplente. Con esta decisión, ya están definidos seis integrantes de la CP.

Para hoy martes, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) realizará la segunda vuelta para elegir a su titular y suplente. Las planillas que participan son: Unidos por la Democracia, con Gregorio Saavedra y Edgar René Ortiz, y la planilla 5, de María Alicia Ovalle y José Pablo Pacheco.

Los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas eligieron ayer a José Ángel Donald González Cuevas (Universidad de Occidente) como titular, y a Nery Leonel Anleu Oliva (Universidad Mesoamericana).

Ministerio Público 

Para este martes, los diputados del Congreso tienen prevista la primera sesión plenaria de 2026. Un punto de agenda es convocar la integración de la Comisión de Postulación para elegir al fiscal general. Los responsables son los presidentes del Organismo Judicial (OJ), de la junta directiva del CANG y de su Tribunal de Honor.

Además, participan los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.

Corte de Constitucionalidad 

El jueves 15 de enero, el CANG empieza la recepción de expedientes para la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) que se llevará a cabo el 4 de febrero.