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“Y, sin embargo, se mueve”

¡Buenos días!
El triunfo de la razón sobre la estupidez es, probablemente, el avance más significativo de la civilización; el abandono de posiciones e ideas con poco o sin fundamento alguno y pétreamente adoptadas, aplicando el intelecto para escudriñar los secretos del universo y desvelarlos. Eso es, en síntesis, lo que representa la famosa frase que jamás dijo Galileo Galilei. Cuando menos, no hay registro histórico certero de ello.
Si se quiere una representación mitológica, el robo que Prometeo hizo del fuego olímpico para civilizar a los humanos.
Con todo ello, la lucha por la razón por sobre los dogmas —inserte acá su sesgo ideológico— es constante y perenne, precisamente como el suplicio impuesto a Prometeo por su desafío a los dioses.
El accidentado proceso de elección y designación de magistrados para la CC pareció, por ratos, ese suplicio. Resulta abracadabrante cómo algunos de esos [dogmas y sesgos ideológicos] son más fuertes que la razón, en algunos.
Acciones constitucionales sin pies ni cabeza; memoriales embarrados de verborrea ininteligible; postureo en redes sociales para llamar la atención —la que parecen necesitar por carencias inconfesadas—, y un largo etcétera, son lo que ha empañado el proceso hasta ahora. Pero se vale; la estupidez no es —aún— penada por la ley.
Ayer el Congreso aprobó el Decreto 8-2026 que formaliza la integración de la IX magistratura de la CC. Sí, hay acciones pendientes, unas presentadas oportunamente y otras —las embarradas de verborrea— que adolecen de falta de definitividad y, francamente, de pudor.
Falta ver qué resuelve el Olimpo.

Reynaldo Rodríguez
La pérfida herencia de Boric
536 palabras | 3 minutos de lectura

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo tras obtener una contundente victoria electoral con el 58 % de los votos, marcando el inicio de un ciclo político para la derecha. Sin embargo, el tradicional proceso de traspaso de mando colapsó por fricciones institucionales y una presión geopolítica externa que ha asediado la estabilidad del país.
En perspectiva. La crisis actual representa una anomalía histórica que desafía las bases mismas de la convivencia democrática y la cortesía republicana en el Cono Sur.
El quiebre de las relaciones bilaterales entre la administración de Boric y el gobierno de Kast no tiene parangón en la historia política contemporánea de Chile, superando en niveles de hostilidad incluso a las tensiones experimentadas durante la transición entre el régimen de Pinochet y el retorno a la democracia en 1990.
Esa fragmentación institucional tiene su origen en la profunda sospecha sobre la integridad de los datos entregados por las autoridades salientes, quienes realizaron correcciones de último minuto en las cifras de finanzas públicas y tomaron decisiones administrativas críticas poco antes de abandonar el Palacio de La Moneda.
La degradación del entorno político se vio aumentada por la ausencia de la expresidenta Michelle Bachelet en la ceremonia de cambio de mando, especialmente intrigante después de su candidatura de último momento a la Secretaría General de la ONU.
Lo indispensable. El análisis de los hechos revela una situación financiera precaria y un conflicto de intereses estratégico que ha puesto a Chile en el epicentro de la disputa entre potencias globales.
La nueva administración de Hacienda denunció haber recibido un Estado con las arcas prácticamente vacías, reportando apenas USD 46M en caja; una cifra dramáticamente inferior a los USD 1654M que se entregaron incluso tras el impacto de la crisis financiera global de 2008-2009.
En el plano internacional, Estados Unidos ha escalado la presión diplomática mediante la imposición de sanciones contra tres altos exfuncionarios del gobierno de Boric, como respuesta directa a la concesión de un estratégico proyecto de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong otorgado a intereses chinos.
El presidente Kast sostiene que el Ejecutivo anterior ocultó deliberadamente información sensible sobre los acuerdos de telecomunicaciones con Beijing, una opacidad que ha colocado a la soberanía tecnológica de Chile bajo el escrutinio y la sanción del hegemón estadounidense.
Entre líneas. Más allá de las cifras y los protocolos rotos, subyace una disputa por la narrativa de la herencia económica y el posicionamiento estratégico del país en el tablero mundial.
El diagnóstico sobre el estado del erario público plantea una disyuntiva preocupante: o la administración de Boric aplicó una estrategia deliberada de tierra arrasada para sabotear la gestión de su sucesor, o el país enfrentó una de las gestiones fiscales más irresponsables de su historia reciente.
La política exterior del gobierno saliente, caracterizada por un acercamiento constante hacia China y una falta de transparencia con el equipo de Kast, ha generado una exposición riesgosa ante Washington, transformando una decisión de infraestructura en una crisis diplomática.
Frente a este escenario, Kast ha optado por la creación de una fuerza de tarea conjunta con el objetivo de investigar y procesar legalmente a la administración anterior, buscando no solo justicia, sino sentar un precedente institucional que fije la narrativa de la paupérrima herencia económica recibida.
En conclusión. Chile enfrenta un escenario precario, donde la insolvencia fiscal se cruza con una crisis de legitimidad institucional y un conflicto geopolítico importado. La ruptura del traspaso de mando deja al nuevo gobierno en una posición de vulnerabilidad inmediata, obligándolo a priorizar la auditoría forense sobre la implementación de su agenda política.
El éxito de Kast dependerá de su capacidad para estabilizar las relaciones con EE. UU. sin alienar a su principal socio comercial, mientras intenta desactivar la bomba de tiempo fiscal que le ha dejado su predecesor.
Gérman Gómez
Copresam cierra entre dudas y señalamientos
539 palabras | 3 minutos de lectura

La Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) dejará de funcionar mañana, 19 de marzo. La institución fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo 42-2020, en marzo de 2020, durante la administración de Alejandro Giammattei. Resalta que la actual comisionada es Alida Vicente, quien coordinó, en parte, los bloqueos de 2023.
Por qué importa. El cierre de Copresam marca el fin de un experimento institucional creado como puente entre municipalidades y el Ejecutivo. Sin embargo, su debilitamiento operativo y los cuestionamientos a su dirección reflejan fallas en la gestión pública. Destaca la asignación de recursos —financieros y humanos— bajo criterios políticos más que técnicos.
El presupuesto de la comisión para este año, de GTQ 5M, se mantiene. Los fondos se destinarán a indemnizaciones del personal que labora en la institución.
A pesar del intento de Vicente por extender el mandato de la comisión, el gobierno de Bernardo Arévalo no renovó el acuerdo que le dio vida. Su cierre implica regresar funciones a las gobernaciones departamentales.
La gestión de Vicente enfrenta críticas por falta de claridad estratégica y decisiones que desviaron el propósito original de la comisión.
Sí, pero. El perfil de comisionado exigía experiencia técnica en administración pública municipal. Una de las críticas que recibió Vicente, pues sus decisiones estaban orientadas a favorecer a grupos indígenas y de mujeres. Priorizó actividades espirituales y celebraciones que la promovían como figura política y social.
Según fuentes, la comisionada solicitaba el 10 % del salario a trabajadoras. Los fondos eran utilizados, como justificaba Vicente, para ceremonias mayas.
La funcionaria, en varias ocasiones, ha rechazado los señalamientos y los calificó como ataques con sesgo. Incluso, afirmó que eran racistas y atentaban contra su dignidad.
Ante el cierre de Copresam, Vicente busca ser la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP). Se postuló y aún está en el proceso como candidata a integrar la nómina final de seis candidatos.
Visto y no visto. El expediente de la comisionada lo entregó Ada Valenzuela. Paralelamente a su cargo en la Copresam, Vicente es la representante de Guatemala ante el Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC). Antes de los bloqueos del 2023, integró la Alcaldía Indígena de Palín.
Entre los propósitos de la comisión, cuando fue creada, estaba la implementación de los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDMOT).
También la actualización de reglamentos municipales en materia ambiental, de cambio climático y regulación del uso del suelo. Ninguno logró materializar Vicente.
Al parecer de varias colaboradoras de la comisión, no era su prioridad, como las alcaldías indígenas del país. La coordinación de estas depende directamente de cada comuna y no de la Copresam.
En conclusión. El cierre de Copresam expone las limitaciones de una institución que operó sin rumbo claro y bajo cuestionamientos de gestión. La continuidad presupuestaria, como la de este año, sin resultados tangibles, refuerza críticas al uso de recursos públicos en estructuras poco efectivas.
La designación de cuadros políticos, más que técnicos, debilitó la capacidad operativa de la comisión y su credibilidad ante actores municipales.
Las denuncias no esclarecidas y la falta de transparencia consolidan dudas sobre la gestión de Álida Arana Vicente en un momento clave para la institución; su cierre.

Glenda Sánchez
Acciones legales son determinantes para el rumbo del MP
305 palabras | 2 minutos de lectura

La Comisión de Postulación (CP) para integrar la nómina para fiscal general del Ministerio Público (MP) concluyó el análisis de señalamientos. De las más de 50 “tachas” contra los aspirantes que buscan dirigir el MP, este lunes 16 marzo se notificó a los profesionales contra quienes se admitieron señalamientos. Ahora la CP espera los descargos.
Mientras el proceso avanza, se empiezan a definir alianzas y agrupamientos de los comisionados. Observadores aseguran que, aunque hay una tendencia, es apresurado determinar que se cuenta con una mayoría o aplanadora para las siguientes votaciones.
Qué sigue
Desde este martes 17 hasta el lunes 23 de marzo se fijó el plazo para que los candidatos entreguen las pruebas de descargo. Deberán entregar el original y dos copias integras foliadas. Además, una copia en formato digital PDF en dispositivos electrónicos.
El 24 de marzo a las 10 h están programadas las pruebas psicométricas. La actividad se desarrollará en la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial (OJ). Los resultados estarán disponibles para los comisionados.
Del 6 al 10 de abril se prevé que los comisionados desarrollen las entrevistas públicas a los candidatos. La última fase —evaluación final y ponderación de expedientes— se tiene prevista del 13 al 16 de abril.
Ahora qué
Mientras la comisión avanza, se deben resolver acciones legales que podrían cambiar el cronograma de trabajo. Una de las principales acciones se relaciona con la aplicación de la tabla de gradación
“Entre esos recursos legales se incluyen impugnaciones por la calidad de la tabla, su modificación y la participación de ciertos aspirantes con carrera judicial. Existen otros amparos adicionales. Estas resoluciones podrían ser determinantes para definir el rumbo final del proceso”, indican expertos.
Por esa razón es importante que las autoridades responsables agilicen sus decisiones y emitan fallos claros que brinden certeza y permitan avanzar de manera definitiva.
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