Y sin embargo, se mueve

¡Buenos días!

Una —otra— de esas frases falsamente atribuidas a figuras históricas es la famosa: Eppur si mouve que ha quedado acuñada como dicha por Galileo Galilei luego de su juicio en 1633 por “vehemente sospecha de herejía”, algo que bien podrían haber urdido ciertas autoridades fiscales contemporáneas. 

Sin importar que nunca la dijo el buen Galileo, se utiliza para afirmar que, a pesar de las dificultades —o de las creencias en contrario— las cosas son de determinada forma o, a pesar de todo, funcionan. Las instituciones guatemaltecas, anquilosadas, falibles, imperfectas como ellas solas, funcionan. No de manera óptima, claro está; ni por asomo. Pero “se mueven”. 

Pruebas de ello hay por montones; a pesar de que hubo poderosos del gobierno pasado —el expresidente Giammattei y “Miguelito” a la cabeza— coaligados con el Ministerio Público para impedir que las autoridades electas en 2023 asumieran, asumieron. ¡Y eso que contaban con todo el aparato estatal a su disposición! 

Ahora, en el contexto del trabajo de la Comisión de Postulación para fiscal general, se vio asediada desde el mero inicio por acciones tendientes a retrasar, entorpecer o detener su trabajo; aunque hay varias pendientes resolverse, es previsible —y deseable— que el 17 de mayo asuma el nombrado por el presidente Arévalo.  

Luego de tantos gobiernos fallidos y engaños, los guatemaltecos hemos perdido la paciencia, con razón, pero no por ello se debe perder la razón ni el ánimo de lucha por tener un país —un gobierno— cada vez más funcional. 

Natalie Chang
DHK Finance insiste en despojar a BANTRAB y al Estado de Guatemala
667 palabras | 4 minutos de lectura

La reciente resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio cerró uno de los litigios financieros más trascendentales del país e ilustra la persistencia de estructuras criminales que buscan aferrarse a espacios de influencia dentro del sistema bancario guatemalteco. 

El 11 de marzo de 2026, la Sala declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el propio BANTRAB, anulando la sentencia venida en grado y resolvió extinguir el dominio de USD 20M que DHK Finance había ingresado al sistema bancario. Asimismo, declaró la nulidad ab initio de 15 655M acciones preferentes Serie B, estableciendo su invalidez desde su origen. 

Sin embargo, el caso DHK no es un error financiero aislado; es, paradójicamente, un caso de éxito al impedir el lavado de dinero —que logró entrar al sistema bancario—, adquisición de acciones y generación de dividendos. Solo fue expulsado tras más de una década de litigios, arbitrajes y presiones políticas. 

¿Dónde nace la intención de lavar? 

El origen de los fondos se conecta con estructuras venezolanas emergentes tras la pugna de PDVSA del régimen chavista, cuando exfuncionarios, exdirectivos y operadores petroleros desplazados comenzaron a mover capitales a través de offshores panameñas, asesorías ficticias y banca regional. 

Por consiguiente, DHK Finance, inscrita en Panamá, no aparece como una inversión espontánea. Su entramado se articula con figuras como Hidalgo Rafael Socorro y Evanan Romero Gutiérrez, exfuncionario petrolero venezolano, con historial de influencia en Guatemala. 

¿Cómo se destapa la red de lavado? 

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos detectó inconsistencias en el origen de los fondos y nexos con redes de lavado de dinero vinculadas a estructuras criminales en Venezuela, lo que derivó en denuncias penales, allanamientos, secuestro de documentación y el embargo de las acciones por orden judicial. 

Sin embargo, lejos de acatar el fallo como punto final del proceso, DHK persiste en su intento de lavar dinero; planteó un amparo que, para fuentes vinculadas al caso, confirma la resistencia de la presunta estructura financiera ilícita a las acciones legales del Estado.  

Mientras dicha acción se interpreta como un nuevo intento por aferrarse a acciones adquiridas con dinero de origen sin comprobar, y por prolongar, mediante recursos legales, una relación que los tribunales han declarado inexistente desde su nacimiento jurídico. 

Esta conducta no es aislada. A lo largo de más de una década, DHK recurrió sistemáticamente a distintas vías judiciales, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de conservar su participación en BANTRAB y “cosechar” los beneficios derivados de ella.  

En 2022, sus pretensiones en el extranjero fueron desestimadas mediante un laudo arbitral ratificado posteriormente por una corte federal de EE. UU. Pese a ello, la empresa insiste en acciones legales que persisten en desgaste institucional, actitud típica de estructuras que buscan normalizar capitales ilícitos dentro del sistema financiero. 

La PGN celebró el fallo de marzo, destacando que más de GTQ 361M —producto de la inversión y los dividendos generados— pasarán a favor del Estado.  

Integraciones espurias y dinero con intereses ajenos 

Las inversiones de DHK no fueron fortuitas ni aisladas, sino facilitadas por integraciones cuestionables en BANTRAB durante un periodo de gobernanza debilitada, marcado por intereses políticos, financiamiento ilícito y acuerdos opacos. Ese fue el contexto donde capitales de origen dudoso ingresaron al sistema financiero, se transformaron en acciones preferentes y buscaron incidir en la estructura bancaria.  

Este proceso coincidió con la expansión indirecta de intereses chinos en la región, canalizada mediante intermediarios y estructuras híbridas, en línea con una lógica de penetración no frontal en sectores estratégicos. 

Estado actual 

BANTRAB acató la resolución judicial y sostuvo que la operación anulada correspondió a actos irregulares de administraciones anteriores; desde 2017, ha fortalecido su gobierno corporativo, controles y debida diligencia, respaldado por un crecimiento de activos de GTQ 18 243M en 2016 a GTQ 46 233M en 2026. 

El amparo de DHK —que debe conocer y resolver la Corte Suprema de Justicia (CSJ)— emerge como un mecanismo de desgaste en un entorno de alta sensibilidad institucional, donde lo que está en juego trasciende los GTQ 361M y se proyecta sobre la integridad del sistema financiero. 

Estas acciones confirman la necesidad de vigilancia permanente para evitar que el sistema bancario sea utilizado como vehículo de lavado y captura institucional. 

El amparo no busca justicia, busca cansancio. 

Lo que está en juego no son solo GTQ 361M sino la señal que se envía: ¿Puede una estructura señalada por lavado volver a tocar la puerta del sólido banco guatemalteco? La respuesta la dará la CSJ. 

Reynaldo Rodríguez
Operadores de justicia embargan al Estado hondureño
625 palabras | 4 minutos de lectura

Honduras enfrenta una crisis de liquidez sin precedentes derivada de una ola de ejecuciones judiciales masivas contra las cuentas del Estado. En los primeros meses de 2026, el sistema judicial ha facilitado el retiro automático de fondos de la Caja Única del Tesoro, tensionando al límite la relación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.  

Lo indispensable. Esta situación no solo compromete la estabilidad fiscal del país, sino que pone en jaque la operatividad de ministerios clave y el cumplimiento de las metas presupuestarias anuales. 

• Según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas (Sefin), en lo que va de 2026 se han debitado aproximadamente HNL 3903M de las cuentas estatales, una cifra que supera con creces los promedios anuales de ejecuciones de años anteriores. 

• Este drenaje de recursos agrava la situación de la deuda flotante —que ya bordea los HNL 24MM—, reduciendo drásticamente la capacidad de maniobra del Estado para cumplir compromisos corrientes y financiar la inversión pública proyectada. 

• Los embargos mediante débitos automáticos en el Banco Central de Honduras (BCH) han interrumpido el flujo de caja para servicios críticos. Carteras como Salud y Educación han visto paralizados sus fondos, forzando la suspensión de compras de insumos médicos y la reprogramación de proyectos de infraestructura vitales. 

Cómo funciona. El despliegue de esta red de operaciones se asienta sobre la instrumentalización de juzgados regionales y la neutralización de la defensa legal del Estado. 

• La ofensiva legal tuvo su núcleo en Juticalpa, departamento de origen de la familia presidencial Castro-Zelaya, donde se concentraron 15 de las 26 demandas bajo sospecha. En esta jurisdicción, las cuantías en reclamo alcanzaron un monto aproximadamente de HNL 1058M. 

• Existe una deliberada debilidad en la defensa estatal, donde la Procuraduría General de la República permitió que vencieran plazos y términos, dejando al Estado inerme ante las sentencias. Este proceso se vio favorecido por una celeridad atípica, frente a juicios que normalmente tardan años, cuya ejecución de embargos se hizo directamente contra el BCH, evadiendo el control presupuestario que legalmente corresponde a la Sefin. 

• Bajo el expediente 050-2024, un grupo de 564 exempleados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) obtuvo una condena de HNL 975M en tiempo récord.  La secretaría fue creada bajo la administración Castro y estuvo involucrada en un escándalo de desvío de fondos para financiamiento de campañas de Libre.  

Entre líneas. Las dinámicas de poder revelan una estrategia de erosión estatal diseñada para proteger intereses partidarios ante el avance de los controles anticorrupción. 

• La táctica de vaciar el erario presenta similitudes estructurales con las estrategias atribuidas a gestiones como la de Gabriel Boric en Chile, buscando comprometer la solvencia del Estado antes de que se consoliden cambios en el ciclo político.  

• La escalada de tensión entre el sistema judicial y el financiero se ha intensificado tras el juicio político contra altos funcionarios de Libre por intentos de socavar el proceso electoral pasado. 

• Como respuesta a esta crisis de liquidez, el presidente, Tito Asfura, ha optado por una política de austeridad fiscal estricta, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investiga las redes operativas y la adhesión a la legalidad de los embargos.  

En conclusión. La ejecución masiva de estos embargos evidencia una vulnerabilidad institucional crítica que compromete la liquidez del Estado mediante el drenaje directo de la Caja Única del Tesoro. Esta celeridad judicial atípica, que elude deliberadamente los controles de la Sefin, se ha consolidado como una estrategia de asfixia económica de parte de Libre con riesgos inmediatos para la operatividad gubernamental. 

• De persistir esta tendencia, Honduras enfrenta un escenario de insolvencia y una fractura irreversible en la confianza del sistema de justicia. La intervención técnica y rigurosa del TSC es imperativa para desarticular este esquema y salvaguardar el patrimonio público frente a los intereses partidarios de los Castro-Zelaya.

Glenda Sánchez
Semana decisiva para elección de fiscal general
491 palabras | 2 minutos de lectura

La Comisión de Postulación (CP) integró la nómina de seis candidatos que buscan dirigir el Ministerio Público (MP) para el periodo 2026–2030. El proceso está lejos de cerrarse; se acumulan acciones legales que podrían alterar, retrasar o incluso cambiar la lista ya definida. Es un escenario donde lo jurídico y lo político avanzan en paralelo. 

Hasta ahora, se contabilizan 23 acciones legales: 20 amparos y 3 denuncias, según datos de Guatemala Visible. Al menos 18 acciones tienen impacto directo en el proceso. La mayoría de los amparos se concentra en cuestionar la forma en que fueron evaluados los aspirantes. 

Los recursos apuntan a la tabla de gradación —el sistema de punteo— y a los requisitos legales para optar al cargo. Esto pone en duda la base técnica con la que los comisionados calificaron a los profesionales y abre espacio a posibles revisiones. 

Otros recursos buscan corregir notas específicas o revisar decisiones puntuales dentro del proceso. Las acciones más recientes se enfocan en la integración final de la nómina de seis candidatos.

También hay amparos que están dirigidos contra el presidente Bernardo Arévalo. Cuestionan la imparcialidad o señalan posibles impedimentos para realizar el nombramiento final. A esto se suman las denuncias, que elevan el tono del conflicto al mencionar posibles delitos como abuso de autoridad, asociación ilícita e incumplimiento de deberes. 

Ayer martes, el Juzgado Cuarto Pluripersonal del Ramo Civil dio trámite a un amparo presentado por el abogado Marco Antonio Villeda contra la CP. Ordenó que en 48 horas emitieran un informe circunstanciado.  

Estas acciones no están concentradas en un solo espacio. Se encuentran distribuidas en Salas de Apelaciones, Juzgados de lo Contencioso y Civil, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el propio MP.  Eso refleja la amplitud del frente legal que rodea el proceso. 

El escenario actual recuerda lo ocurrido hace cuatro años. En ese proceso, la CP enfrentó un bloqueo prolongado durante la integración de la nómina. Se desarrollaron diez rondas de votación marcadas por desacuerdos internos. La falta de consensos frenó el avance hasta que un amparo cambió el rumbo. 

En ese momento, la CC ordenó ajustar la votación a criterios meritocráticos. La decisión destrabó el proceso en pocas horas y permitió completar la lista final. Ese antecedente dejó claro que los amparos pueden tener un efecto directo y rápido en decisiones clave. 

Más allá del número de acciones, el fondo del problema es el mismo: la percepción de que no existe un proceso lo suficientemente claro, técnico y confiable para evaluar a los aspirantes. Esa debilidad alimenta la judicialización y traslada los desacuerdos a los tribunales. 

El calendario también presiona. La Comisión debe publicar la nómina en el Diario Oficial y abrir un plazo de tres días para nuevas impugnaciones. Solo después podrá reunirse nuevamente para conocer y resolver los recursos pendientes. 

Lo que sigue será clave. La Comisión deberá resolver las impugnaciones, sostener criterios claros y garantizar que la nómina final no tenga vicios.