¡Buenos días!

Buenos, por cortesía; luego de la asquerosa aprobación de los presupuestos —del Legislativo y el General—, no hay mucho por qué celebrar.

Los diputados electos por el Movimiento Semilla se desnudaron (asco) de cuerpo entero; son, precisamente, lo que tanto criticaron antes, en forma y fondo.

Más allá del —obsceno— monto, aprobarlo en nocturnidad y con las ingentes cantidades a los consejos de desarrollo (corrupción), los convierte en iguales o peores. 

Sí, fueron la semilla de la corrupción; hoy ya echaron raíces; toca  aplicar herbicida. A la mala hierba hay que acabarla de raíz. 

Traición al pueblo guatemalteco

Las culpas y responsabilidades son repartidas entre todos los diputados que votaron por los presupuestos —el del Legislativo y el General—; todos son sinvergüenzas, pero la traición de los diputados electos por el Movimiento Semilla para con sus electores es reveladora. Ahora se sabe que siempre fueron más de lo mismo.

La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, por el abultado monto de GTQ 163 469M, representa no solo el plan de gastos más grande en la historia de Guatemala, sino un acto de irresponsabilidad fiscal que hipoteca el futuro del país. Este incremento de GTQ 15 000M respecto al de 2025 y GTQ 47 000M más que en 2024, bajo el pretexto de inversión social, es en realidad un derroche que ignora las verdaderas necesidades de una población sumida en la pobreza.

En un contexto donde el crecimiento del PIB apenas roza el 3.9 %, este presupuesto no hace más que agravar la carga sobre los contribuyentes, priorizando el gasto corriente —burocracia— sobre inversiones productivas que generen empleo y desarrollo sostenible.

Pero la crítica va más allá del monto: el nivel de endeudamiento es alarmante: 29 % del PIB, un incremento que ya supera los umbrales de riesgo recomendados por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el FMI (25 %). Guatemala, con una rigidez presupuestaria que deja poco margen para emergencias, camina hacia un precipicio fiscal, donde el pago de intereses devora recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura.

La hipocresía del oficialismo agrava esta farsa. Aquellos que, en gobiernos anteriores, marcharon en las calles y vociferaron contra presupuestos “inflados” y “corruptos”, hoy no solo aprueban uno peor, sino que ratifican su propio aumento salarial a GTQ 66 000 mensuales, un lujo que juraron rechazar. Este blindaje a sus privilegios revela la verdadera naturaleza de esos sinvergüenzas que priorizan sus bolsillos sobre el bienestar colectivo. El presupuesto del Congreso, fijado en GTQ 1347.4M, incluye este incremento sin rubor, perpetuando una élite legislativa desconectada de la realidad guatemalteca.

En política, la forma es el fondo, y la aprobación de los presupuestos es un ejemplo deleznable de opacidad. Como en 2025, se dio en la madrugada, bajo urgencia nacional y lejos del escrutinio público, acelerando el proceso sin debate profundo ni transparencia. Esta maniobra nocturna, ampliamente criticada por expertos y sectores industriales, entre otros, reduce la rendición de cuentas y fomenta irregularidades, convirtiendo el Legislativo en un club donde se reparten favores a espaldas de la ciudadanía.

Finalmente, el monto extraordinario asignado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) —originalmente GTQ 4491M, pero inflado con GTQ 6312M adicionales para un total que forma parte de un “bolsón” de GTQ 19 470M junto a ONGs— es un escándalo en un año preelectoral. Estos fondos, destinados supuestamente a proyectos locales como agua y caminos, abren enormes espacios para corrupción y clientelismo.

En vísperas de las elecciones generales de 2027, es evidente su propósito: comprar voluntades, cooptar líderes comunitarios y asegurar votos a través de obras fantasmas o infladas. Esta práctica perversa socava la democracia, transformando el presupuesto en una burda y corrupta herramienta electoral.

El presupuesto 2026 no es progreso; es corrupción.

En las últimas sesiones de la Junta Directiva (JD) de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), sus miembros han discutido sobre la “idoneidad” de las empresas que participan en los concursos. El acta 76-2025, por ejemplo, documentó los cuestionamientos. Además de la ausencia de varios integrantes de la junta.

Por qué importa. Integrantes de la JD, como Wilberto Julián Rojas, representante del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), cuestionaron por qué Empornac adjudicó nuevos eventos a la empresa Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A. (IPG); enfrenta serios cuestionamientos.

• En el reportaje La casa de chocobananos: la B410 del gobierno de Semilla, publicado por República, se evidenció que IPG formaba parte de una estructura similar al Caso B410

• El trabajo periodístico se publicó el pasado martes 4 de noviembre. El jueves 6, dos días después, la empresa portuaria le asignó a IPG una cotización por GTQ 851 200.

• Fue la única oferta al concurso —NOG 27656438—. Este era para la adquisición de generadores de corriente alterna. Resalta que la junta de licitación le asignó 84 puntos de 100.

Visto y no visto. Según el cuadro de puntajes de criterios de calificación, Instalaciones Portuarias perdió 16 puntos en experiencia. Únicamente recibió 4. A pesar de ello, “ganó” la cotización. El acta de adjudicación detalla que solo acreditó tener experiencia en la venta de productos similares.

• Otro de los concursos —NOG 27335089— que ganó IPG fue el de la renovación de licencias de software Hypack/hysweep con llave física para recolección, visualización y edición de datos hidrográficos.

• En el concurso —NOG 28569792— para la adquisición de cadena y grilletes de acero galvanizado, IPG fue la única empresa que presentó oferta. La ganó el 15 de noviembre por GTQ 175 00. 

Sí, pero. Al igual que en la adquisición de generadores, la empresa perdió puntos en experiencia. Recibió 9 de 15 posibles. En el acta de adjudicación, la junta afirmó que se le dio esa nota porque solo acreditó experiencia en venta de productos similares (equipo marino).

• Ante los cuestionamientos realizados, según consta en el acta 76-2025, el presidente de la Junta Directiva de Empornac, José de la Peña, defendió los concursos ganados por Instalaciones Portuarias. 

• Indicó que la portuaria no tiene la facultad para “excluir” participantes por señalamientos mediáticos. Añadió que Empornac está obligada a recibir y evaluar ofertas presentadas por empresas que tengan su documentación “en orden”.

• En sentido contrario, Carlos Humberto Sosa, representante de organizaciones laborales, señaló que se debe tener cuidado al adjudicar eventos a empresas que se encuentran bajo investigación pública.

En conclusión. Las decisiones recientes de la Empresa Portuaria acrecientan las dudas. Las adjudicaciones a IPG avanzaron pese a puntajes bajos, ausencias en la junta y antecedentes que son públicos. 

• Sin embargo, el problema va más allá de los procedimientos: evidencia cómo se favorece a empresas dentro de un puerto clave para el país.

• Las explicaciones oficiales insisten en que “todo está en orden”. Las autoridades evaden su responsabilidad de cuidar los procesos públicos.

La disputa por la integración de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entra en su fase más tensa. La intromisión de Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos (USAC), marca el tablero y busca alianzas entre universidades privadas. Los impedimentos legales dejan a varios rectores y decanos fuera.

• Por su parte, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elección que definirá quién integrará la postuladora.

Por qué importa. El control de la comisión define quién llega a magistrado y, por extensión, la estabilidad electoral para 2027. Se habla de que Mazariegos busca presionar a rectores de las universidades privadas para conseguir acuerdos que permitan mantener las cuotas de poder. La depuración por las limitaciones reduce las opciones y abre espacio para nuevas estrategias.

• La ley marca varios impedimentos para integrar la postuladora: funcionarios y de entidades autónomas, miembros de partidos, personal del TSE y sus parientes. Además, ministros de cualquier religión. Estos límites definen quiénes pueden participar y quiénes quedan fuera del proceso. 

• Los rectores con limitantes son: Miquel Cortés —Landívar—, Harold Caballeros —San Pablo—, José Rómulo Gallegos —Mesoamericana— y Fidel Reyes Lee —Rural—. La lista reduce la capacidad de alianzas tradicionales.

• Entre los decanos, solo Luis Aragón Solé — San Pablo— quedaría fuera, según Guatemala Visible. La ausencia de estos actores fortalece el margen político de Mazariegos, quien busca mantener influencia mediante su suplente Adelupe Jocabed Rojas Castillo. 

Entre líneas. Las universidades privadas revisan escenarios ante el vacío que dejan los rectores que tienen impedimento. En paralelo, sectores del CANG analizan posibles acercamientos con la USAC para evitar que la Comisión pierda independencia. El cálculo se vuelve estratégico por los plazos ajustados del proceso.

• Fuentes del gremio señalan que la operación política busca evitar que “el aparato Mazariegos” capture la secretaría o vocería de la Comisión.

• Aunque privados buscan alianzas cruzadas, la depuración de candidatos limita la negociación y concentra el margen de maniobra en la USAC. 

• El Colegio de Abogados anticipa elecciones internas el 5 y 13 de enero de 2026, lo que añade presión a los bloques profesionales que definen la representación gremial. 

Datos clave. Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del CANG, afirmó que la convocatoria se publicará antes de que termine noviembre. Adelantó que la recepción de expedientes podría realizarse el 11 y 12 de diciembre.  

• Confirmó nuevas sedes de votación para ampliar acceso y reforzar la legitimidad gremial. Recordó que todo será oficial luego de la publicación en el Diario de Centro América.

• El proceso del CANG tendrá dos sedes en Ciudad de Guatemala, incluida Fórum Majadas, para facilitar voto informado y transparente. 

• Reiteró que la elección gremial ocurrirá en dos vueltas: 5 y 13 de enero de 2026, fechas críticas para completar la integración de la postuladora. 

Sí, pero. En el caso de los rectores de las universidades privadas, todo apunta a que la designación de sus representantes se realizará en enero 2026. Actualmente, se intentaron reunir para iniciar con el proceso, pero algunos se excusaron. Afirmaron que andaban de “vacaciones” o de viaje. 

• El retraso, según indicaron algunas fuentes, podría ser intencional. La razón: dejar todo a última hora para realizar acuerdos políticos con operadores tradicionales y emergentes. 

• Estos se verían representados en el rector electo y su suplente. Es decir, condicionarían el proceso para garantizar la elección de magistrados afines a sus intereses. 

• Así como en procesos anteriores, no se descarta que durante los últimos días Mazariegos se hubiera reunido con otros rectores. Él busca afianzar votos y ganar apoyo. 

En conclusión. La integración de la postuladora del TSE avanza con señales claras de maniobra política. La salida de varios rectores y decanos reduce contrapesos y amplía el margen de tácticas de la USAC. El CANG enfrenta plazos que definirán si el proceso será técnico o político.

• La ausencia de los rectores con impedimentos reduce opciones para acuerdos y concentra la negociación en la USAC. Los actores libres de prohibiciones no se quedan atrás.

• Mazariegos busca asegurar influencia mediante su suplente Adelupe Rojas. Escenario que podría condicionar el reglamento interno y la tabla de gradación, instrumentos claves para filtrar aspirantes del proceso.