El oficialismo hace un Walter Mazariegos

¡Buenos días!

Ayer, el Congreso se aprestaba a elegir magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad; lo acordaron en Jefes de Bloque, así que no era “sorpresa” —ni en nocturnidad, como el oficialismo acostumbra a pasar los presupuestos—. Se perfilaban dos candidatos a titular: uno apoyado por el oficialismo y aliados, y otro por la oposición. Ganaría quien tuviese los votos necesarios; un ejercicio democrático.  

Pero a la alianza oficialista no le gusta la democracia; prefiere la extorsión, la intimidación y la presión. La cosa es que ni con esas prácticas logró que su candidato llegara a 81 votos. Por el contrario, la oposición, sí. Y así, ya no le gustó a Semilla, a Cabal ni a Raíces; tampoco a Arévalo. 

Usando las mismas artimañas marrulleras tan criticadas anteriormente —y ahora, usadas por el impresentable Walter Mazariegos—, a pesar de que había más de 140 diputados presentes, quienes no llegaron fueron los secretarios de la Junta Directiva; se levantó la sesión.

La izquierda —como se identifican los oficialistas— critica prácticas y las tilda de antidemocráticas, hasta que ellos las usan; critica la persecución política, hasta que ellos la hacen desde la fiscalía. Lo que hizo CICIG es un triste ejemplo de ello; vino a acabar con la persecución política y a sanear el sistema y, en lugar de ello, cooptó el sistema para perseguir con motivos políticos. 

Si Samuel Pérez y el resto de “semillitas” se vendieron —valga el término— como algo distinto, queda claro que son lo mismo; usan las mismas tácticas y “truncias” que, para más señas, usa Walter Mazariegos. Son lo mismo, aunque les duela. 

Reynaldo Rodríguez
Embargo en Washington y corrupción en Moncloa
592 palabras | 3 minutos de lectura

La relación bilateral entre Washington y Madrid atraviesa su punto de mayor fricción tras la decisión de España de desligarse de la coalición internacional en la guerra contra Irán, un conflicto al que ya se han sumado las principales potencias europeas. Además, el gobierno de Pedro Sánchez mantiene su negativa a elevar el gasto en defensa según los estándares de la OTAN, desafiando las exigencias directas de la administración estadounidense en un momento de máxima tensión global.  

• Esta parálisis se produce mientras la cúpula del PSOE enfrenta investigaciones por una corrupción estructural que ha permeado las instituciones, erosionando la credibilidad de Madrid frente a sus aliados occidentales. 

En perspectiva. La actual escalada ha fracturado la cohesión de la OTAN, situando a España en el centro de una disputa geopolítica. 

• España registra un gasto en defensa de aproximadamente el 2.1 % del PIB, cifra que choca con la exigencia del 5 % impulsada por la agenda de la administración Trump. 

• Además de rehusar incrementar el gasto, el Gobierno español no dio autorización para el uso de bases militares para ataques ofensivos contra Irán, lo que ha provocado que Washington califique al país de “socio terrible”. 

• Trump ha ordenado al Departamento del Tesoro iniciar un embargo comercial total y cortar vínculos económicos con España como represalia directa por su falta de apoyo militar.  

Por qué importa. Este conflicto internacional se da en el momento de una podredumbre ética en Moncloa, en la cual el gabinete de Sánchez se ha visto comprometido.  

• El empuje de igualdad de género, proyectado como el pilar ético a través del Ministerio de Igualdad, ha quedado invalidado ante la opinión pública, convirtiendo el principal activo narrativo del Ejecutivo en su mayor vulnerabilidad. 

• La agenda progresista del presidente empezó a mostrar sus contradicciones después de la destitución de José Francisco Salazar, exsecretario general de Coordinación Institucional en Moncloa, que se dio por denuncias de abuso sexual de dos militantes del PSOE.  

• Seguido de ello, se removió a Antonio Hernández, exdirector de Coordinación Política, por complicidad y ocultamiento de los actos de Salazar, su superior, que revela una cultura de impunidad sistémica dentro de las filas del partido.  

Lo indispensable. La crisis de credibilidad de la administración española también emana de una secuencia de frentes judiciales que comprometen la integridad del núcleo más cercano del presidente. 

• El círculo más estrecho del presidente se encuentra bajo un escrutinio judicial sin precedentes, con múltiples investigaciones abiertas que sugieren la existencia de una red de tráfico de influencias y corrupción de alto nivel operando en los aledaños del Palacio de la Moncloa.  

• David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, está siendo procesado por malversación y tráfico de influencias, derivado de irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz y haber recibido un salario público bajo una residencia fiscal en el extranjero.  

• Además, Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, fue condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, con el objetivo de afectar negativamente a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso.  

En conclusión. España se halla atrapada en una pinza letal entre el aislamiento económico impuesto por Washington y la descomposición moral y ética de su cúpula política. El Estado se enfrenta a una crisis de dos frentes donde la debilidad de un Gobierno cercado por la corrupción inhibe cualquier capacidad de respuesta ante un embargo que amenaza su estabilidad financiera.  

• La persistencia de esa administración en el poder, bajo tales niveles de descrédito institucional y cerco geopolítico, sitúa a España en un escenario de riesgo sistémico precario con Sánchez al frente.  

Gérman Gómez
Tráfico: la crisis vial que atraviesa el país
605 palabras | 3 minutos de lectura

El tráfico pasó de afectar la metrópoli central a todo el país. Esto condiciona la productividad, la economía y la seguridad vial. El crecimiento del parque vehicular superó la capacidad de las carreteras, y las pérdidas económicas alcanzan cifras millonarias cada año. Para afrontar el desafío estructural, se necesita un plan nacional coordinado desde el gobierno central. 

• A pesar del esfuerzo municipal por realizar obras viales, estas son insuficientes. No logran conectar departamentos, solo municipios y aldeas, donde la demanda e impacto es bajo. 

Por qué importa. La concentración de vehículos y la expansión urbana generan la congestión, no solo en la capital, sino entre departamentos. Guatemala supera los 6.4M de vehículos en circulación, con un crecimiento promedio anual cercano al 10 % en las últimas dos décadas. Sin embargo, la red vial tan solo creció un 1.4 % por año en la última década.  

• La pérdida de productividad, por persona, alcanza los GTQ 1300 mensuales. En el departamento de Guatemala transitan 2.7M, lo que equivale al 9.4 % del Producto Interno Bruto (PIB). 

• En los demás departamentos, la situación es similar. Los más afectados son los cercanos a la ciudad, como Chimaltenango, El Progreso y Sacatepéquez. 

• Para solucionar la problemática del tráfico, se han desarrollado diversos estudios de movilidad. No obstante, solo tienen dos años de vida útil. En su mayoría, los existentes quedaron obsoletos. 

En el radar. La red vial del país, que incluye conexiones interdepartamentales y rurales, aún depende de rutas diseñadas para el tránsito de pocos vehículos. También se suma el deterioro, que condiciona la movilidad, por falta de mantenimiento que le da el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). 

• Solo una pequeña proporción de las vías que conectan los 22 departamentos tiene calidad y capacidad suficientes para soportar el tránsito requerido de mercancías y personas. 

• Sectores productivos consideran que la infraestructura vial es crucial para competitividad y desarrollo. Piden mayor atención y ejecución eficiente del gobierno central. De esta administración depende. 

• A pesar de que el tráfico de la ciudad condensa la atención pública, en el resto del país no es distinto el problema. Aún no se considera la conectividad interdepartamental. 

Sí, pero. Expertos en movilidad plantean que la respuesta debe ser integral: mejorar infraestructura vial en todo el país, fortalecer transporte masivo y conectar departamentos con carreteras modernas y seguras. Para lograr avances reales se requiere liderazgo del gobierno central, mayor ejecución del presupuesto para infraestructura y coordinación entre niveles de gobierno y la iniciativa privada. 

• Quetzaltenango es el departamento que más padece del tráfico. Según estimaciones, alrededor de 407 000 vehículos circulan en su territorio. Las carreteras de la ciudad altence no se dan abasto. 

• Al igual que en la ciudad, Xela desarrolló varios estudios, como el Plan Regulador de Quetzaltenango (1982–2000). Era un modelo de crecimiento urbano que nunca se concretó. 

• En el Oriente, Chiquimula y Zacapa reportan incremento exponencial de tráfico. Los tiempos de movilidad aumentaron hasta 45 minutos más en sus cabeceras que conectan con la ruta al Atlántico. 

En conclusión. El tráfico en Guatemala es un problema estructural que va más allá de la capital. Las deficiencias de la red vial y el crecimiento del parque vehicular afectan a los 22 departamentos. La respuesta exige coordinación institucional entre el sector público y el privado. Además, de una visión estratégica de largo plazo.  

• Mejorar la infraestructura y conectar de manera eficiente regiones y municipios puede aliviar la congestión. A la vez, mejorar la productividad y generar más desarrollo en todo el país. 

• Sin un plan nacional de infraestructura vial, Guatemala seguirá con pérdidas. La solución debe conectar departamentos con carreteras modernas y funcionales. 

Glenda Sánchez
CC, MP y TSE en semana clave de definiciones
393 palabras | 2 minutos de lectura

Las elecciones de segundo grado avanzan entre cabildeos, roces e incertidumbre. El proceso para la Corte de Constitucionalidad (CC) se ha intensificado principalmente en el Congreso. Mientras tanto, la Comisión de Postulación (CP) para nombrar fiscal general del Ministerio Público (MP) revisará las pruebas de descargo presentadas por los aspirantes. 

Representantes de la sociedad civil y observadores del proceso recomiendan vigilar y velar por la transparencia. Coinciden en que se debe buscar la recuperación del sector justicia y el fortalecimiento de la democracia.

Corte de Constitucionalidad

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió a sus representantes ante la CC. Por unanimidad (13 votos) designó como magistrada titular a Dina Ochoa. Por mayoría (12 votos) eligieron como magistrada suplente a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez. El único voto en contra fue el de Flor de María Gálvez. 

En el Congreso se prevé que la elección se realice en las sesiones del 5 o 16 de marzo. Todo depende de los acuerdos y los votos para designar a sus representantes. Desde hace varios días se menciona como posibles candidatos a Roberto Molina Barreto y Luis Rosales. Ambos buscan la reelección. Rony López, quien era contendiente, perdió los apoyos necesarios. 

El Ejecutivo concluirá la revisión de expedientes el viernes 6 de marzo. Prevén realizar la designación del magistrado titular y su respectivo suplente entre el miércoles 11 y el viernes 13 de marzo. 

Del 16 al 23 de marzo está prevista la recepción de notificaciones de las designaciones realizadas por los demás órganos electores.

Ministerio Público

Este martes 3 de marzo concluyó la recepción de pruebas de descargo de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. Los integrantes de la CP resolverán las pruebas presentadas antes de avanzar a la etapa de calificación. 

El 26 de febrero, durante una sesión extraordinaria, la CP modificó el criterio de experiencia profesional contenido en la Tabla de Gradación. El cambio alteró el modo en que se asignan los puntos por años de ejercicio, un aspecto que ya había generado críticas y, posteriormente, acciones legales.

Tribunal Supremo Electoral

Luego de que se oficializara la lista de los 20 candidatos elegibles, se presentaron varias acciones legales. El Congreso tiene programada la votación para el 10 de marzo; no obstante, la fecha podría cambiar. La última semana de febrero presentó los informes solicitados por la CC.