Tabla de degradación

¡Buenos días!

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice la proverbial frase; eso es lo que, suponemos, ocurrió con la Ley de Comisiones de Postulación que pretendió regular el proceder de estas, que hasta entonces solo eran mandatadas por la Constitución.

Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Desde entonces (2009), se le ha jugado la vuelta de formas cada vez más burdas. Ahora, en el proceso de designación de nuevo fiscal general, la Comisión de Postulación (CP) aprobó una tabla de [de]gradación que es por demás abyecta, aparte de inconstitucional.

Privilegia los años de experiencia en un sistema de justicia inoperante y mayoritariamente corrupto; además, la forma en que se decidió repartir los puntos de la “experiencia profesional” hace que un aspirante que cumpla el requisito constitucional (10 años de ejercicio) matemáticamente no alcance el umbral impuesto por la CP. 

Así, para poder siquiera cruzar ese umbral (70 puntos), un aspirante debiese tener bastante más años de ejercicio que los que indica la Constitución.

Esa ponderación no es mera pifia, es un hecho premeditado; no es solo dejar fuera a buenos candidatos que podrían refrescar —y rescatar— las instituciones, es asegurar la permanencia de quienes tienen el sistema de justicia como está: en la vil, por no usar una palabra altisonante, calle.

Gérman Gómez
Los okupas del parqueo del AILA
565 palabras | 3 minutos de lectura

El jueves 19 de febrero, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) intervino el parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora; desde 2014 era “administrado” por la empresa Constructores y Consultores Viales, S.A. (COCVISA). A lo largo de estos últimos años, acumuló una deuda de GTQ 28.54M en arrendamiento. Es decir, usaba el espacio, pero nunca lo pagó. 

• El contrato original de COCVISA fue revocado en 2015 por considerarse lesivo para los intereses del Estado. Sin embargo, la empresa lo siguió operando, ilegalmente. 

Por qué importa. El parqueo del principal aeropuerto del país se convirtió en un negocio privado sin control del Estado. Era tierra de nadie. La DGAC ejecutó la intervención en seguimiento a la resolución del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. La acción reveló una red de empresas ligada a la familia Morales Guerra. 

• Ahora, un interventor judicial supervisa ingresos, fiscaliza pagos y revisa subarrendamientos comerciales —otorgados sin autorización— dentro del parqueo. También el uso de los servicios, como la energía eléctrica. 

• Los registros de la empresa revelan que COCVISA estuvo dirigida, en momentos clave, por miembros de la familia Morales Guerra. 

• También explica su persistencia como administradora del parqueo, pese a fallos judiciales adversos. El entramado familiar tiene un control cruzado de sociedades y representantes legales compartidos. 

Sí, pero. Miriam Yazmín Morales Guerra de Triekels, exrepresentante legal de COCVISA, firmó el contrato con la DGAC en 2014 y enfrentó la terminación en 2015. David Arely Guerra Lemus, tío materno de ella, ocupó la representación legal antes; confirma un control familiar continuo desde la fase inicial de la empresa. 

• En 2017, la representación pasó a Rony Alexander Monterroso, con un perfil sin red empresarial propia. Podría considerársele como “testaferro”. 

• República identificó al menos 34 sociedades vinculadas a la familia Morales Guerra; varias tienen contratos con el Estado y otras están dedicadas a estacionamientos. 

• La red configura un modelo de negocios diversificado bajo un mismo núcleo familiar de control. Este estilo se replica en varias empresas del país. En su mayoría, son proveedores del Estado. 

Visto y no visto. El contrato original, de 2014, contemplaba la administración de solo dos niveles del parqueo. La empresa habilitó un tercer nivel sin contar con la autorización debida. COCVISA, a pesar de no pagar arrendamiento, subarrendó a terceros algunos espacios que tenían locales comerciales, cajeros y bodegas ambulantes. 

• Estas últimas permiten las ventas informales —ambulantes— en el aeropuerto. A pesar de los intentos institucionales por erradicarlas, las facilidades que le ofrecía COCVISA no lo habían permitido. 

• En 2025, la empresa duplicó el costo del parqueo sin autorización alguna. Los delitos imputados son: usurpación agravada, hurto de fluidos, intermediación financiera. 

• República visitó las instalaciones de COCVISA para obtener una postura de la empresa, pero no la brindó. A los periodistas, un trabajador indicó que “no podían atender a nadie”. 

En conclusión. La intervención judicial no solo recupera un bien público. Dejó al descubierto una estructura de poder basada en parentesco, representación legal cruzada y uso prolongado de recursos del Estado sin contraprestación. Asimismo, evidenció cómo la empresa utilizó el amparo para evitar la desocupación. 

• La persistencia de la ocupación, durante más de una década, muestra debilidad institucional frente a redes privadas con capacidad de litigar y dilatar procesos. 

• La intervención abre la puerta a auditar ingresos, subarrendamientos y tarifas para determinar responsabilidades penales y pecuniarias. Es un precedente en la forma en que el Estado protege sus activos.

UNA INVITACIÓN DE GRUPO PRENSA LIBRE
Correr para educar: 5K con causa

La carrera familiar En Movimiento por la Educación 5K 2026 convierte el deporte en una herramienta directa de apoyo educativo. Prensa Libre y Guatevisión convocan a las familias a un evento con impacto social y enfoque formativo. 

Por qué importa. La iniciativa une actividad física y educación para impulsar movilidad social. También hábitos saludables en una etapa clave de formación académica. 

• Se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el circuito de los museos, zona 13. 

• Mantiene un recorrido de 5 kilómetros diseñado para participación familiar. 

• La primera edición reunió familias y mascotas con enfoque solidario. 

Lo indispensable. La inscripción de GTQ150 se convierte en una suscripción educativa anual para estudiantes de diversificado y nivel técnico. 

• Incluye contenidos impresos y digitales en matemáticas, redacción y tecnología. 

• Cada aporte financia herramientas que fortalecen criterio y habilidades prácticas. 

• La carrera busca consolidarse como tradición anual. 

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Glenda Sánchez
Depuración y exclusión de profesionales
454palabras | 2 minutos de lectura

El llamado para designar al nuevo fiscal general superó el registro de candidatos en procesos anteriores. La Comisión de Postulación (CP) encargada de definir la nómina de candidatos del Ministerio Público (MP) revisa los requisitos de los 59 expedientes.  

Por su parte, en el Congreso se inscribieron 55 profesionales que aspiran a llegar a la Corte de Constitucionalidad (CC); en el Ejecutivo se registraron 75 candidatos. Las designaciones se definen en un contexto de presión pública y escrutinio institucional.  

La elección del fiscal general y de los magistrados de la CC se definirá la estabilidad institucional y el equilibrio de poder en el país. La CP, el Ejecutivo y el Congreso cumplieron con los plazos legales. El reto ahora es asegurar transparencia, criterios técnicos y consenso en las designaciones.

El Ministerio Público  

El lunes 23 de febrero, los comisionados empezaron a revisar los expedientes para verificar el cumplimiento de los requisitos. El martes 24 finalizó la evaluación de los expedientes. Marlon Orlando Ordóñez, Jaime Leonardo Tecú, Blanca Alfaro Guerra y Sully Claudet Merlos Moya figuran entre los candidatos excluidos temporalmente.  

Entre los profesionales que continúan están María Consuelo Porras, fiscal general; Zoila Tatiana Morales Valdizón, Juan Luis Polanco Santizo, Walter Brenner Vásquez Gómez, Brenda Dery Muñoz, Raúl López Rodríguez y Amílcar Enríquez Colindres Hernández.  

En total, 11 fueron excluidos. El jueves 26 se publicará la lista de los candidatos que incumplieron los requisitos de la convocatoria. Del viernes 27 de febrero al lunes 2 de marzo se abrirá el periodo para la presentación de pruebas de descargo.

Corte de Constitucionalidad  

El viernes pasado concluyó la convocatoria del Ejecutivo y el Legislativo. Las listas incluyen fiscales, jueces, exfuncionarios y abogados con trayectoria pública. También figuran profesionales cuestionados por la sociedad civil, señalados por el MP, cercanos a actores y operadores políticos tradicionales y emergentes. 

El Ejecutivo recibió 76 expedientes para la CC: 28 mujeres y 48 hombres. Del total, diez se postulan para magistratura titular, ocho para magistratura suplente y 58 para ambos cargos. Examinará los documentos del 23 de febrero al 6 de marzo. Designará del 11 al 13 de marzo en Consejo de Ministros. 

El Congreso recibió 55 expedientes. El lunes la Comisión Mixta revisó los requisitos y excluyó a ocho aspirantes por incumplir la convocatoria.

La comisión trasladó la lista con 47 profesionales; entre ellos están Claudia Paniagua, Roberto Molina Barreto, Luis Rosales Marroquín, Rony Eulalio López y Noé Ventura Loyo. El Congreso prevé elegir magistrados el 3 de marzo. 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibe expedientes del lunes 23 al viernes 27 de febrero.

Tribunal Supremo Electoral  

Luego de que se oficializara la lista de los 20 candidatos elegibles, se presentaron varias acciones legales. El Congreso tiene programada la votación para el 10 de marzo, de manera tentativa.